La guerra dejó de ser un fenómeno lejano para miles de colombianos. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, el número de exmilitares, policías retirados y expertos en seguridad colombianos reclutados para conflictos extranjeros creció hasta niveles sin precedentes. Lo que comenzó como oportunidades laborales de alto pago terminó revelando una realidad marcada por promesas incumplidas, desapariciones, muertes y denuncias de explotación en algunos de los escenarios más violentos del planeta.
En marzo de 2026, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de Naciones Unidas lanzó una advertencia que encendió las alarmas: más de 10.000 colombianos habrían sido reclutados para conflictos armados y operaciones militares o de seguridad en el exterior, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores globales de combatientes experimentados. El fenómeno ya no es marginal ni anecdótico: es un problema internacional con implicaciones diplomáticas, económicas y humanitarias.
De soldados de una guerra interna a combatientes globales
El perfil dominante es claro: hombres entrenados durante décadas de conflicto armado en Colombia. La mayoría son exintegrantes del Ejército, fuerzas especiales, Policía o seguridad privada. Su experiencia en combate urbano, contrainsurgencia y manejo de armas los convirtió en personal altamente demandado en guerras contemporáneas.
¿Por qué los buscan? La respuesta mezcla factores estructurales. Por un lado, Colombia cuenta con una de las fuerzas militares con más experiencia operacional de América Latina. Por otro, muchos retirados enfrentan ingresos limitados o precariedad laboral después de dejar el servicio. En paralelo, las guerras simultáneas y el auge de empresas privadas de seguridad dispararon la demanda de personal entrenado.
Las redes sociales aceleraron el fenómeno. Reclutadores operan a través de Facebook, TikTok, Telegram y WhatsApp, ofreciendo contratos con salarios que parecen imposibles de rechazar: entre 10 y 20 millones de pesos mensuales, e incluso hasta 40 millones para expertos en drones o francotiradores.
Ucrania: la gran puerta de entrada a la guerra
Aunque colombianos han sido identificados en conflictos de Sudán, República Democrática del Congo, Yemen y Somalia, Ucrania se convirtió en el principal destino desde 2022.
No existe un registro oficial consolidado, pero investigaciones periodísticas estiman que entre 2.000 y 2.500 colombianos habrían pasado por territorio ucraniano desde el inicio de la guerra. La cifra podría ser superior debido a entradas irregulares, reclutamientos informales y ausencia de censos estatales confiables.
El atractivo inicial suele ser económico. Muchos son contactados bajo promesas de trabajos de seguridad, protección de infraestructura o entrenamiento militar. Sin embargo, al llegar, numerosos testimonios describen una realidad distinta: terminan enviados a zonas de combate directo, trincheras de alto desgaste o unidades de asalto particularmente peligrosas.
Algunos excombatientes denuncian que lo prometido rara vez coincide con lo recibido. Los pagos serían inferiores a lo pactado, sujetos a condiciones extremas o descontados por intermediarios. En varios casos, quienes esperaban ganar entre 12 y 15 millones mensuales aseguran haber recibido apenas una fracción de ese dinero.
“Carne de cañón”: denuncias de abandono y discriminación
Uno de los patrones más repetidos entre testimonios de colombianos que regresaron de zonas de guerra es el sentimiento de haber sido utilizados como personal desechable.
Excombatientes describen barreras idiomáticas, acceso limitado a atención médica, menor protección logística y asignación recurrente a operaciones de alto riesgo. También denuncian dificultades para recuperar salarios retenidos o acceder a compensaciones prometidas tras lesiones.
El drama se vuelve aún más profundo para las familias. Según reportes de la Cancillería colombiana conocidos en 2026, 114 colombianos fallecidos han requerido acompañamiento en procesos de repatriación o confirmación, mientras 438 aparecen reportados como desaparecidos en combate. Detrás de cada cifra hay familias atrapadas entre burocracias internacionales, incertidumbre y la imposibilidad de recuperar cuerpos o información confiable sobre sus seres queridos.
El número real podría ser superior. Muchas muertes ocurren en zonas de difícil acceso, cuerpos no son recuperados y numerosos combatientes jamás se registran oficialmente ante consulados colombianos.
La dimensión geopolítica: un mercado global de combatientes
El caso colombiano también revela una transformación más amplia: la privatización creciente de la guerra.
Las fronteras entre soldados regulares, contratistas privados y combatientes extranjeros se han vuelto cada vez más difusas. En conflictos contemporáneos, desde Ucrania hasta África, los Estados recurren a personal externo entrenado para suplir necesidades militares inmediatas.
La respuesta del Estado: nueva ley contra el mercenarismo
Frente al crecimiento del fenómeno, el Gobierno colombiano decidió endurecer su respuesta. En marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2569 de 2026, mediante la cual Colombia ratificó la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios.
La norma busca fortalecer herramientas para perseguir redes de reclutamiento, intermediarios y esquemas de financiación vinculados al envío de colombianos a guerras extranjeras. Para el Gobierno, el problema no solo es de seguridad internacional, sino también una forma moderna de explotación de personas armadas vulnerables económicamente.
Cambio de paradigma: de exportar muerte a exportar vida
La historia deja una pregunta incómoda para el país: ¿cómo Colombia pasó de exportar café, flores o servicios a convertirse también en proveedor global de combatientes experimentados?
La combinación de desigualdad, experiencia militar acumulada y un mercado internacional de guerra en expansión parece estar empujando a miles de colombianos hacia conflictos que no son propios. Lo que para algunos comienza como una salida económica termina, demasiadas veces, en desapariciones, cuerpos sin repatriar o familias esperando respuestas que nunca llegan.
En un mundo atravesado por guerras simultáneas y nuevas formas de privatización de la violencia, Colombia enfrenta un dilema profundo: impedir que la precariedad económica siga convirtiendo la experiencia de sus excombatientes en mercancía para guerras ajenas.
