La corrupción en Ucrania sigue siendo uno de los grandes dilemas para su estabilidad futura, su reconstrucción económica y el respeto de los derechos fundamentales. A tres años del inicio de la invasión rusa, el país continúa enfrentando tensiones internas que se entrelazan con presiones externas, intereses geopolíticos y un flujo constante de asistencia internacional. Todo ello configura un escenario donde la gobernanza democrática se ve sometida a pruebas constantes.
Los datos oficiales más recientes confirman esta realidad. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International sitúa a Ucrania, en 2024, con 35 puntos sobre 100, ubicándola en el puesto 105 de 180 países (TI, CPI 2024, febrero 2025). La caída respecto a 2023 revela la persistencia de prácticas vinculadas al abuso de poder, los sobornos y la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas.
A ello se suma que, según Gallup World Poll 2025, el 85 % de la población percibe altos niveles de corrupción, una cifra que en encuestas nacionales se eleva al 91,4 %.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, estos indicadores no son cifras aisladas: afectan directamente obligaciones internacionales como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza la participación libre y efectiva en la vida pública.
Escándalos en sectores estratégicos: energía, defensa y suministros militares
En 2025, diversos medios europeos y estadounidenses han informado sobre investigaciones en curso relacionadas con posibles compañías de contratos amañados, comisiones indebidas y desvíos de fondos en sectores esenciales como la energía nuclear y la industria militar. Entre ellos, destacan reportes periodísticos sobre un supuesto esquema de comisiones del 10–15 % en contratos de Energoatom, que habrían generado pérdidas potenciales de hasta 100 millones de dólares, según las investigaciones citadas en el documento original.
Si bien estos detalles proceden de fuentes periodísticas y aún no cuentan con un informe oficial multilateral, reflejan un patrón de vulnerabilidad que coincide con advertencias más amplias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En su informe de julio de 2025, la UNODC confirma que la guerra ha transformado radicalmente el panorama criminal en Ucrania, favoreciendo la aparición de redes que operan aprovechando la fragilidad institucional. Estas conclusiones encajan con el creciente número de casos, procesamientos e investigaciones que han ocupado titulares en todo el continente.
Reformas en tensión: avances reconocidos, retrocesos preocupantes
Pese a estos desafíos, Ucrania ha emprendido reformas significativas desde 2013. La creación del NABU, el fortalecimiento del Tribunal Superior Anticorrupción y mejoras en materia de derechos de las minorías le han valido al país ser reconocido por la Comisión Europea, en su Informe de Ampliación 2025, como uno de los candidatos “más avanzados”.
Sin embargo, el mismo informe advierte sobre “tendencias negativas”, especialmente relacionadas con presiones políticas y legislativas. El episodio más ilustrativo ocurrió en julio de 2025, cuando una propuesta legislativa buscó colocar al NABU bajo la autoridad directa del fiscal general. Las protestas masivas que siguieron —las más grandes desde 2022— obligaron al gobierno a revertir la medida, pero dejaron una marca de desconfianza en la sociedad civil.
Estas tensiones contravienen principios fundamentales del derecho internacional anticorrupción, como el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que exige órganos independientes e imparciales, y los Principios de Bangalore, referentes globales de independencia judicial.
Para la Unión Europea, la independencia de estos organismos no es negociable: constituye un requisito central del proceso de adhesión, conforme al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.
Recursos, desarrollo y derechos humanos: la corrupción como barrera al bienestar
La corrupción no afecta únicamente la calidad institucional; repercute en el desarrollo humano y en el acceso efectivo a derechos esenciales. El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que los Estados deben utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar derechos como salud, educación, vivienda o seguridad social.
La realidad ucraniana muestra lo contrario: millones de dólares destinados a reconstrucción, defensa y servicios esenciales se desvían por prácticas irregulares o por falta de control efectivo. El informe conjunto del Banco Mundial y Naciones Unidas (2025) estima el costo de la reconstrucción ucraniana en unos 486.000 millones de dólares, un reto que exige transparencia absoluta para evitar que fondos públicos y asistencia internacional terminen fuera de su destino legítimo.
Este contexto se agrava por los ataques rusos a la infraestructura energética, que intensifican la necesidad de una administración impecable de recursos para garantizar derechos fundamentales como el acceso a energía, agua y calefacción, vitales en invierno y protegidos por el artículo 11 del PIDESC y el artículo 6 del PIDCP.
Dimensión geopolítica: dependencia, poder y autodeterminación
La situación ucraniana no puede entenderse sin reconocer el papel de las potencias occidentales en el conflicto. Según análisis del Atlantic Council (2025), los flujos de ayuda militar y financiera —de montos variables según la fase del conflicto— han generado una estructura de dependencia que condiciona políticas internas y prioridades presupuestarias.
En términos de derecho internacional, esto se vincula con el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, que garantiza el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos y destino político. Cuando la ayuda internacional viene acompañada de condicionamientos, supervisiones externas o limitaciones operativas, puede afectar la capacidad real del Estado para tomar decisiones soberanas.
Estas tensiones también están presentes en las advertencias de instituciones europeas sobre la necesidad de preservar la autonomía institucional y evitar que la asistencia económica se traduzca en desequilibrios de poder dentro del país.
Sociedad civil: un contrapeso indispensable para la transparencia
A pesar de los retrocesos, la sociedad civil ucraniana ha demostrado un notable nivel de movilización. Las protestas de julio de 2025 evidencian una ciudadanía que exige sistemas anticorrupción independientes, justicia imparcial y control democrático de las instituciones públicas. Estos movimientos se inscriben en el marco del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del PIDCP, que reconocen la participación ciudadana como un pilar esencial de la vida pública.
