Las denuncias de hostigamiento contra actividades del Pacto Histórico volvieron a sacudir el panorama político colombiano. En menos de 48 horas, dos episodios ocurridos en territorios distintos —uno en La Guajira y otro en Santander— fueron denunciados por dirigentes de la coalición progresista como señales preocupantes sobre las garantías democráticas en medio de la campaña presidencial.
Aunque se trata de hechos independientes, ambos comparten un mismo trasfondo: denuncias de intimidación y obstáculos al ejercicio político de sectores alternativos que respaldan la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
Maicao: Johana Osorio denuncia posible atentado durante actividad política
La primera denuncia fue realizada por la senadora electa del Pacto Histórico, Johana Osorio, quien aseguró haber sido evacuada de la actividad denominada “Súbete a la Chiva” en Maicao, La Guajira, tras una alerta de seguridad sobre un posible atentado en su contra.
Según explicó la dirigente política en redes sociales, la información fue recibida por parte de su esquema de seguridad, lo que obligó a abandonar la actividad de campaña que acompañaba junto a Iván Cepeda y la lideresa indígena Aída Quilcué.
La situación se agravó cuando la Guardia Indígena presente en el recorrido reportó la presunta presencia de sujetos armados cerca del lugar donde se realizaba la jornada política.
“Fui evacuada de la actividad de ‘Súbete a la Chiva’ en Maicao por información de un atentado en mi contra”, expresó Osorio, quien además exigió protección urgente y garantías democráticas para continuar desarrollando actividades políticas en el territorio.
El episodio ha generado preocupación dentro del Pacto Histórico, cuyos dirigentes advierten que las amenazas contra liderazgos progresistas no pueden normalizarse en un contexto electoral.
Charalá: denuncian bloqueo a una minga indígena que apoyaba a Iván Cepeda
En un hecho separado, ocurrido en Charalá, Santander, militantes del Pacto Histórico denunciaron que una minga indígena que viajaba en un bus para participar en un mitin político habría sido impedida de ingresar al municipio.
De acuerdo con las denuncias realizadas desde el movimiento, el grupo se dirigía a participar en actividades de apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda cuando se presentó el bloqueo, señalado por algunos sectores del Pacto como una acción impulsada por dirigentes vinculados al uribismo local.
La congresista santandereana Yolanda Silva, oriunda de Charalá, rechazó públicamente lo sucedido y denunció que la denominada “Chiva por la Vida” fue detenida, afectando el derecho a la movilización y al ejercicio democrático.
“Rechazamos los bloqueos y la violencia que hemos vivido hoy en Charalá. La Chiva por la Vida fue detenida vulnerando nuestro derecho al ejercicio democrático”, manifestó Silva en redes sociales.
La congresista explicó además que la iniciativa “Súbete a la Chiva” busca recorrer el territorio llevando propuestas de “amor, concertación, esperanza y diálogo”, y rechazó cualquier intento de impedir el libre tránsito de ciudadanos dentro del país por razones políticas.
Un contexto que revive preocupaciones históricas
Aunque las denuncias de Maicao y Charalá corresponden a situaciones distintas, dentro del Pacto Histórico existe preocupación porque ambos episodios reflejarían un ambiente de creciente tensión política contra actividades de campaña en los territorios.
Las denuncias también reabren un debate histórico en Colombia: el de las garantías para los movimientos alternativos y de izquierda, en un país atravesado por antecedentes de persecución política, violencia contra liderazgos sociales y el exterminio de la Unión Patriótica.
Para sectores progresistas, cualquier amenaza contra dirigentes políticos o limitación al derecho de movilización debe investigarse con rapidez, especialmente en una coyuntura electoral donde la seguridad y la participación libre resultan esenciales para la legitimidad democrática.
La pregunta de fondo
Si una dirigente política debe abandonar un acto público por riesgo de atentado y, al mismo tiempo, ciudadanos denuncian obstáculos para participar en actividades políticas, la discusión va más allá de un debate partidista. La pregunta que queda sobre la mesa es si Colombia está garantizando plenamente el derecho de todas las fuerzas políticas a hacer campaña sin intimidaciones ni restricciones.
